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El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales ciertos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que imponían a los grandes tenedores de vivienda la obligación de acreditar la situación de vulnerabilidad económica de los ocupantes antes de presentar demandas de desahucio o ejecuciones hipotecarias. Esta decisión elimina la necesidad de demostrar dicha vulnerabilidad y de someterse a procedimientos de conciliación o intermediación previos, facilitando así el acceso a la justicia para estos propietarios.
Contexto de la sentencia y artículos afectados
La sentencia, publicada en el BOE el 28 de febrero de 2025, responde a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Popular. Los artículos afectados incluyen el 439.6.c y el 439.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que exigían a los grandes tenedores acreditar la situación de vulnerabilidad del demandado y haber participado en procedimientos de mediación antes de presentar la demanda. También se anulan los apartados 1 y 2 del artículo 655 bis y el artículo 685.2, relacionados con ejecuciones hipotecarias.
Argumentos del Tribunal Constitucional
El Tribunal argumenta que estos requisitos previos imponían una carga desproporcionada a los grandes tenedores, limitando su derecho a la tutela judicial efectiva. Además, señala que la protección de las personas en situación de vulnerabilidad puede lograrse mediante otras vías, como la intervención de los servicios sociales una vez admitida la demanda, sin necesidad de imponer obstáculos previos al acceso a la justicia.
Implicaciones para el sector inmobiliario
Esta decisión tiene un impacto significativo en el sector inmobiliario, especialmente para bancos, fondos de inversión y grandes propietarios, al agilizar los procesos legales para recuperar la posesión de inmuebles. Sin embargo, también plantea desafíos para las administraciones públicas, que deberán garantizar la protección de las personas vulnerables sin los mecanismos previos que ahora se eliminan.
Reacciones y perspectivas futuras
La sentencia ha generado diversas reacciones. Mientras que los grandes tenedores celebran la eliminación de barreras legales, organizaciones sociales y defensores del derecho a la vivienda expresan preocupación por la posible desprotección de personas en situación de vulnerabilidad. Se espera que las administraciones públicas refuercen sus mecanismos de apoyo y protección para equilibrar los derechos de propietarios e inquilinos en el nuevo marco legal.
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